El acelerado paso que llevan los avances tecnológicos ha logrado permear los distintos ámbitos del desarrollo de nuestra cotidianidad, al punto de ser un soporte en la ejecución de nuestras labores. Desde aspectos sencillos, como un parqueadero automático, que reemplaza al personal encargado de cobrar, hasta vehículos que se estacionan solos, relevando al conductor de esa tarea que suele resultar engorrosa.
En ese sentido, el Derecho no escapa de esta realidad, y es precisamente el concepto que se encuentra amparado por el término “LegalTech”, que viene siendo la implementación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, para la materialización de tareas relacionadas al ámbito jurídico, extrapolando los niveles ya conocidos, que implicaban la ayuda de la informática para localizar fallos de la Corte Suprema de Justicia, Gaceta Oficial o para almacenar datos relacionados con los casos que lleva el despacho.
Es decir, la inteligencia artificial como piedra angular del LegalTech permite revisión de contratos, análisis legales, comparativa de normas frente a situaciones expuestas, y hasta búsqueda de jurisprudencia relacionada a la controversia. Como podemos ver, conlleva un rol que se adentra cada vez más en lo que son las funciones del abogado.
Siguiendo este orden de ideas, y tomando en cuenta que, muchas de las tareas que realizamos se cobran mediante la facturación de horas trabajadas y que, el LegalTech al ser una herramienta automatizada nos invita a ahorrar horas de trabajo, resulta atinado plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Es rentable implementar el LegalTech a nivel de facturación? ¿Las horas utilizadas con el LegalTech pueden facturarse de la misma manera que las horas hombre?
Antes de adentrarnos en el debate de fondo, resulta imperante señalar que, la utilización de LegalTech, en nuestra opinión, no puede emplearse de forma totalmente independiente. Es decir, si bien la tecnología artificial representa un alto porcentaje de acierto y una capacidad incomparable a la de un ser humano, resulta evidente que la mayoría de estas funciones deben ser guiadas por un profesional en Derecho. Por ejemplo, si se emplea la inteligencia artificial para buscar jurisprudencia relacionada, un abogado debe verificar si, en efecto, el fallo encontrado contiene los mismos parámetros que la situación legal para la cual se requiere, cumpliendo el presupuesto de doctrina probable reconocido en Panamá.
Por otro lado, si bien los seres humanos no somos infalibles, de ello no escapa la inteligencia artificial, y es que, se han conocido precedentes en los cuales su uso ha generado consecuencias nefastas debido a la falta de verificación de los resultados.
Con ello, debemos referirnos a un caso reciente, en el cual un tribunal del Estado de Massachusetts, Estados Unidos, sancionó a una abogada con una multa de US$2,000.00 por emplear jurisprudencia falsa creada con inteligencia artificial, dentro de un proceso por homicidio culposo.[1]
Tal como podemos inferir de esta situación, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa en un despacho legal, empero amerita la oportuna y responsable intervención del profesional idóneo, para evitar este tipo de consecuencias, por lo que, hecho este preámbulo, podemos arribar a ala conclusión que el LegalTech no permite prescindir de la intervención del abogado, sino que debe fungir como una herramienta en su favor, cuyo uso debe estar condicionado a la verificación final por parte del letrado.
En cuanto al tiempo de trabajo y la facturación, también resulta importante acotar que los servicios de LegalTech utilizados por los distintos despachos suelen tener costos considerables, e incluso un límite de consultas para evitar la subcontratación del mismo; ante el costo que representa para un despacho legal su implementación, resulta conducente que de alguna forma u otra ese costo sea contemplado al momento de facturar al cliente.
Somos del criterio que, la facturación por horas si bien ha sido el método de cobro por excelencia para aquellas labores que se nos hace difícil tasar por medio de una tarifa fija, la implementación del LegalTech nos obliga a replantear ese esquema, y es que, lo que antes resultaba más lucrativo para un despacho (facturación considerable de horas), hoy puede ser contrario a las aspiraciones de la clientela, quienes suelen buscar respuestas en el menor tiempo posible, y el entorno cada vez ofrece más posibilidades de acortar plazos, por lo que la reducción de tiempos se ha enarbolado en una característica valiosa en un despacho.
[1] https://www.diarioconstitucional.cl/2024/02/28/abogada-es-sancionada-por-incluir-jurisprudencia-falsa-creada-con-inteligencia-artificial-en-una-demanda/#google_vignette
